La jurisdicción contencioso administrativa es aquella rama del poder judicial encargada de resolver los conflictos entre los ciudadanos y la administración pública. En este ámbito se resuelven los recursos y reclamaciones que se interponen contra los actos de la administración que vulneran los derechos de los ciudadanos.
En la mayoría de los países, la jurisdicción contencioso administrativa está regida por una ley específica que establece los procedimientos, competencias y principios que rigen esta materia. En estas leyes se establecen los requisitos y plazos para interponer los recursos, así como las instancias judiciales competentes para resolver los conflictos.
En general, la jurisdicción contencioso administrativa tiene como objetivos salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a la administración, controlar la legalidad de los actos administrativos y garantizar la imparcialidad y la independencia de los órganos judiciales encargados de resolver los conflictos.
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